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PRD pide que Participación Ciudadana este presente en la investigación en el caso Odebrecht

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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de agosto, ( CÍRCULO DIGITAL).–La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna y el senador Fernando Mayans Canabal presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Comité de Participación Ciudadana a acompañar la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Odebrecht/Lozoya, con el fin de analizar el adecuado funcionamiento de ésta en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos para informar sobre las acciones realizadas para investigar las probables irregularidades administrativas que derivaron en la rescisión del contrato celebrado con Odebrecht para la planta de Tula”, agregaron.
Asimismo, los legisladores perredistas solicitaron al Procurador General de la República que se excuse de conocer cualquier asunto relacionado con las investigaciones por posibles hechos de corrupción imputados a la empresa Odebrecht, así como a Emilio Lozoya Austin y la red de corrupción de la que forma parte.
Anteriormente, comentaron,  Emilio Lozoya Austin fue vinculado por abuso del poder público para favorecer a la compañía española OHL, “ahora su nombre aparece ligado a la empresa brasileña Odebrecht, objeto de una multitud de investigaciones criminales por parte de las fiscalías de distintos países latinoamericanos”.
Recordaron que en diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comunicó públicamente la investigación sobre actos de corrupción de Odebrecht en doce países latinoamericanos, entre los que se encuentra México. En total, se informó que la empresa brasileña pagó 788 millones de dólares en sobornos, de los que 10.5 millones correspondieron a autoridades en nuestro país.
Al respecto, mencionaron que un reportaje realizado por la asociación civil,  Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que “Lozoya es el supuesto receptor de alrededor de 10 millones de dólares entre 2012 y 2014. La acusación se sustenta en los testimonios obtenidos de tres cooperantes con la fiscalía brasileña, entre los que destaca el del ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll”.
En ese contexto,  indicaron que Weyll detalló su relación con Lozoya, que data del año 2012, cuando éste era Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña de Enrique Peña Nieto.
“En sus declaraciones indica que, en un primer momento, se realizó una transferencia por 4 millones de dólares a “Latin American Asia Capital Holding”, empresa en las Islas Vírgenes ligada a Lozoya, por haber apoyado la implantación de Odebrecht en Veracruz, donde obtuvo contratos con la administración del ahora enjuiciado exgobernador Javier Duarte y por la influencia que podría tener en el próximo gobierno de Peña Nieto”, señalaron.
De acuerdo con la información difundida, precisaron que el pago fue realizado desde una empresa fantasma llamada Innovation Research Engineering and Development Ltd. y que está vinculada con la compleja red de corrupción de Odebrecht en toda América Latina. “Él mismo se realizó desde el inicio de la campaña presidencial de 2012 y hasta el final de la misma, en junio del mismo año. No obstante, a semanas de que iniciara el gobierno de Peña, se realizaron nuevos pagos, pero a una segunda empresa llamada Zecapan, S.A”.
Posteriormente, indicaron que Lozoya habría recibido 6 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht,  cuando fungía como director de PEMEX. “Esto sería como pago por favorecer a la empresa brasileña en la licitación de las obras en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula Hidalgo. No debe pasar por alto que este contrato fue rescindido hace apenas unas semanas por probables irregularidades administrativas”.
Mencionaron que Emilio Lozoya, a través de su abogado y de un comunicado personal, ha descalificado las acusaciones, objetando que las declaraciones de los testigos son falsas, y descalificando la metodología por medio de las cuales se obtuvieron.
“Estos señalamientos resultan totalmente insuficientes, pues la información proporcionada por los testigos es muy detallada y se sustenta en documentos que la acreditan como verídica y son producto de investigaciones realizadas por las fiscalías de Estados Unidos y Brasil, cuyos procesos de obtención de pruebas se apega a los estándares aceptados internacionalmente”, comentaron.
Además, añadieron que “no se puede pasar por alto que Lozoya fue un directivo de alto nivel en otra empresa envuelta en escándalos de corrupción, que es la española OHL. Su nombre fue mencionado en una grabación, que data de 2015, donde José Andrés de Oteyza, ex presidente de OHL en México, señala gratitud para el ahora exdirector de PEMEX por su asistencia ilegal para la obtención de contratos públicos”.
En ese contexto, señalaron que por este y otros casos, se observa la realización sistemática de actos de corrupción por parte de los miembros del gabinete de Peña Nieto. Además, “esto desnuda la inoperancia de la PGR en casos donde la comisión de crímenes es manifiesta, la cual es una institución de procuración de justicia, facultada para investigar actos de corrupción, por lo que su consistente incapacidad investigativa debe encender las alarmas, y cuestionarnos de su independencia”.
Aseguraron que la corrupción es uno problemas más acuciantes para la sociedad en mexicana, y las acusaciones vertidas sobre Lozoya “lo colocan como uno de los actores más importantes de los casos más graves que han salido a la luz. Si México aspira a convertirse en un Estado plenamente democrático, las autoridades deben ser capaces de hacer valer la ley, demostrando la culpabilidad o no de los acusados en tramas de corrupción, y castigando a quienes resulten culpables, respetando en todo momento los derechos a los que es objeto”.
Por otro lado, consideraron que  la administración de “Peña Nieto debería pronunciarse al respecto, y hacer una investigación a fondo de todo lazo ilegal que pudiese existir entre Odebrecht y los colaboradores y ex colaboradores del Presidente. El beneficio de la duda que se puede tener en su gobierno se agota cuando no existe la disposición a atender seriamente estas gravísimas acusaciones”, concluyeron.
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