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Asamblea Legislativa pedirá a delegado de Tláhuac que aclarar presuntas irregularidades

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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de junio, (POLITIQUERÍAS / CÍRCULO DIGITAL).- El presidente de la Mesa Directiva en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Mauricio Toledo, solicitará que se cite a comparecer al jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, para que informe sobre diversas adjudicaciones presuntamente irregulares que otorgó sin licitación.

El legislador expuso que es necesario llamar a cuentas a Salgado, luego de que se diera a conocer que el jefe delegacional otorgó contratos millonarios a Patricia Lizeth Vázquez Sánchez como agradecimiento a sus donativos en campaña.

«Pediremos que de manera inmediata se cite a comparecer al jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, porque es claro que está incurriendo en un delito de cohecho y eso desde la Asamblea Legislativa no lo vamos a permitir, tendrá que venir a este recinto y explicar dicha situación», sostuvo.

«En caso de que se le encuentre responsabilidad, la comisión respectiva de la ALDF debe iniciar el procedimiento para que se le remueva del cargo, de conformidad a la legislación vigente», sentenció Toledo.

De acuerdo con la información publicada en medios de comunicación, en 2016 Sánchez Vázquez y sus familiares obtuvieron contratos con esa demarcación por 33 millones de pesos, sin que tuvieran que participar en licitaciones públicas.

Ante esa situación, Toledo pidió a las autoridades correspondientes hacer una investigación exhaustiva sobre el tema y proceder conforme a la ley.

«Hacemos un llamado a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y a la Contraloría General capitalina para que investiguen este caso», expresó.

Y de ser necesario, agregó, «se castigue a quienes incurran en el delito de cohecho y posible conflicto de intereses».

El Artículo 277 del Código Penal del Distrito Federal indica: «Al particular que promueva una conducta ilícita de un servidor público, o se preste para que éste o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a la responsabilidad inherente a su empleo, cargo o comisión, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de cien a quinientos días multa».

En este sentido, el diputado perredista señaló que la investigación realizada por los medios de comunicación es muy precisa, por lo que se debe dar seguimiento y proceder legalmente a fin de evitar que se repitan estos actos.

«Justo en el momento en que la Asamblea Legislativa prepara el tema de las leyes anticorrupción surgen este tipo de casos, donde servidores públicos se ven involucrados en conductas ilícitas; contrario a lo que predican los militantes de Morena, quienes anteponen siempre su doble moral», señaló Toledo.

Por último, el legislador mencionó que en el paquete de leyes del Sistema Anticorrupción local, que trabaja la Asamblea Legislativa y que estará lista para julio próximo, conductas como las de que se acusa al jefe delegacional en Tláhuac serán severamente sancionadas.

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